Tras las numerosas denuncias de estos recibidas en los ayuntamientos, las oficinas de consumo y otros puntos oficiales, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha iniciado una investigación a instancias de la Fiscalía del TSJA y de la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, que ha dado lugar a la detección de más de cuatrocientos fraudes.

Asimismo, ha procedido a la detención y puesta a disposición judicial de los responsables de cuatro empresas relacionadas con el uso irregular de llamadas y conexiones a Internet a través de los números 800 y 900. Según García Calderón, todos estos fraudes masivos se verán en un único proceso judicial "ante la evidente conexión entre ellos".

Las estafas detectadas suelen englobarse en dos tipos: aquellos en los que al llamar al número se promete algún tipo de recompensa o premio a la víctima, donde el operador alarga la llamada con preguntas repetitivas, y otros donde, sin conocimiento del usuario, se cambian los nodos de conexión a Internet al proveedor.

Los números de tales líneas son adjudicadas por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) a operadoras telefónicas que, a su vez, contratan con terceras personas o empresas su explotación, siendo estas últimas quienes obtienen la mayor parte del rendimiento económico que producen, abonando los usuarios el servicios a través de los recibos que les factura la compañía que le suministra el paquete básico.